Represión social

Escrito por Nicolás Cogorno, colaborador especial desde General Rodríguez

Sábado, 03 de Octubre de 2009 14:23

El ejercicio de la violencia para evitar que se expresen las demandas de justicia, es en medida creciente el mecanismo estatal que unifica a ciertos empresarios interesados en mantener sus ganancias o privilegios de propiedad y los gobiernos provinciales, de la ciudad de Buenos Aires y nacional.

La salida de la crisis del 2001 con la recomposición del orden vigente y consenso social fue posible después que el gobierno caído en medio del ejercicio represivo, que provocó decenas de muertos y heridos, no pudo detener la protesta social generada como consecuencia de las medidas antipopulares y la incapacidad política de la ¨Alianza de radicales, progresistas y peronistas¨ (muchos de ellos, hoy funcionarios del gobierno vigente) y el posterior acto homicida en el puente Pueyrredón con las muertes de Kosteki y Santillán y tantos heridos de bala que emprendió Duhalde desde la presidencia. Estos no fueron hechos aislados, sino las puntas más brutales y groseras de una política represiva para sostener un modelo antipopular con sus consiguientes secuelas sociales, económicas y culturales.

La estructura de partidos, el bipartidismo vivió su momento de mayor desprestigio, de desmembramiento (y entrecruzamiento variopinto entre fracciones) en una dispersión que expresaba la crisis de los partidos, como la división de la sociedad a sus fracciones elementales (en la confusión del momento, las clases sociales también se dividieron. Y las fracciones buscaron caminos propios para sus intereses inmediatos, en soledad o mediante acuerdos muy endebles y circunstanciales).

Kirchner accede al gobierno sin ganar, sólo el desprecio generalizado a Menem y el retiro calculado de esa candidatura lo permitieron. Entre sus primeras medidas de estricto sentido político, la economía encuentra el piso para su despegue. La función productiva en el orden mundial –ausente durante la etapa neoliberal- de proveedor de materias primas, minerales y combustibles (por lo menos sino permanente, sí viable en la coyuntura) que se exportan sin mayor valor agregado, se engarzan con el rol histórico cumplido por la oligarquía local, quienes a pesar de las reformas impuestas en los ´90, con la imposición de las empresas transnacionales y a causa de la posibilidad real de poder extraer esos recursos y de su creciente demanda, se reinstalaron aprovechando los crecientes precios por acción de la especulación financiera.

La caída del nivel de los ingresos populares, del costo de la administración estatal (bajos impuestos) y la devaluación que afirma esos efectos son parte de la fuente de recursos obtenidos como beneficio por el gran capital con el que se forma un colchón de ganancias que en estos días se van agotando.

La recuperación de la actividad económica disolvió el malestar social y generó una expectativa creciente en torno al gobierno kirchnerista. En todo el período 2003/07 la inteligente lectura del momento y las necesidades estratégicas del sistema impusieron una actividad del gobierno nacional de contención y cooptación para lo cual no debía aplicarse la violencia represiva como política central para el control social. Todo indicaba que era sustancial impulsar el consenso de las clases subalternas a los conceptos centrales del sistema dirigido por el gran capital.

Si se produjeron cambios sustanciales desde el 2007, de los que, la confrontación por la apropiación de la renta agraria es el punto más visible y al que se suma la presión de las empresas transnacionales con la excusa de la crisis internacional, éstos apuntan a recomponer y sostener en el tiempo la tasa de ganancia de los grupos concentrados, que sienten en la demanda de mejora de salarios y las condiciones de trabajo una disminución de sus beneficios y limitación a su poder. Ya no hay de donde extraer renta extraordinaria para repartir ganancias al conjunto del gran capital; financiar la fuga y concentración de capitales, de inversiones; para sostener un mínimo mercado interno y la actividad estatal.

Porque las fuentes de la recuperación de la actividad encuentran límites o sus propietarios no están dispuestos a perder una parte de sus ganancias. Ergo, deben reducir los costos (salarios e impuestos) o cubrirlos con subsidios. Así, queda conformada una coyuntura diferente a la etapa previa.

Desde el inicio del gobierno de Cristina Kirchner, se suceden actos de represión dirigidos a restablecer el control social en territorios que no cuentan con los agentes cooptados para ejercer la dirección de las demandas o por no contar con la posibilidad (o voluntad) para manejar los recursos en el sentido que sea útil a esa parte de la sociedad que sufre la injusticia económica. Y desde fines del 2008 al presente han sido muchos los casos en que el comisario ¨resuelve¨ el problema antes que el ministerio de trabajo.

Los desalojos y la ocupación policial de las unidades económicas ya ocupan las primeras planas (aunque en esto influye el enfrentamiento por la ley de medios), no seamos minúsculos, siempre hay una cuestión política subyacente en cada conflicto, cuando estos toman determinadas dimensiones son los puntos visibles de un estado de cosas que cambió, es el enfrentamiento entre las fuerzas del poder económico -que defiende sus intereses- y las necesidades populares que exigen se atienda su emergencia.

En estos momentos el gobierno no puede contener las demandas populares por falta de recursos, por debilidad política, por falta de perspectiva frente a un futuro en el que no tiene lugar como expresión del conjunto de las fracciones del gran capital y porque la movilización escapa al control de los agentes políticos de control social (burocracia sindical, punteros, partido) cuestionando al gobierno mismo.

Tal vez el fraccionamiento de la clase trabajadora y de los sectores populares todos, sea la matriz de la debilidad para llegar a soluciones favorables, o además que no haya una fuerza que unifique en una causa, tras una gran bandera la dispersión social.

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